La postura del gobierno se ha explicado oficialmente junto con varios efectos colaterales que trajo consigo el cierre de Megaupload. Los fiscales han respondido a una moción de Electronic Frontier Foundation de marzo por parte de Kyle Goodwin, reportero deportivo de Ohio que usaba MegaUpload para almacenar sus vídeos legalmente.
El disco duro de Goodwin falló y perdió todos los datos, de los que tenía copia de respaldo en Megaupload antes del cierre del servicio, el pasado día 19 de enero.
Los 1.103 servidores de Megaupload que albergan alrededor de 28 petabytes de información están bajo custodia de Carpathia Hosting. Según el fiscal:
“El acceso no es el problema — si fuera, el Sr. Goodwin podría contratar a un experto forense para buscar lo que él comenta que es propiedad suya y pagar a Carpathia for los costes asociados (…) El problema es que el proceso de identificar, copiar y devolver los datos del Sr. Goodwin será muy caro y el Sr. Goodwin quiere que el gobierno, Megaupload o Carpathia o cualquiera que no sea él, sufrague el coste“.
El gobierno también ha sugerido que si Megaupload o Carpathia han violado algún término del contrato “Goodwin debería demandar a Megaupload o Carpathia o recuperar sus pérdidas”.
Los costes de 9000 dólares al día que está pagando Carpathia deberían ser pagados por Megaupload, pero actualmente las cuentas están intervenidas. Hasta que no se lleve a cabo el juicio contra Megaupload, que supuestamente ha generado una riqueda de 175 millones de dólares con actividad de intercambio de contenidos con copyright de manera ilegal, seguiremos en un punto muerto.
